El Consejo de Estado concluyó que las resoluciones mediante las cuales el Consejo Nacional Electoral (CNE) niega el estudio de supuestas irregularidades en las elecciones no pueden ser objeto de demanda, al considerar que estas determinaciones no tienen el estatus de actos administrativos. Así lo determinó la Sección Quinta, al examinar las motivaciones de la demanda de nulidad de la elección de la Cámara de Representantes por Bogotá, que no prosperó por falta de argumentación en algunos de los cargos, entre ellos, la solicitud de anular la Resolución 1009 del 19 de mayo de 2010, mediante la cual el CNE denegó las pretensiones de revisión de algunas irregularidades. Frente a este y otros cargos, la sección se declaró inhibida (C.P. Alberto Yepes Barreiro).