Luego de conocerse el veto del alcalde de Buenos Aires, Mauricio Macri, a la Ley de Aborto no Punible, la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) tuvo acceso a las recomendaciones que, sobre el tema, hizo por el Procurador General de la ciudad, Julio Marcelo Conte Grand.

El funcionario se pronunció a favor del derecho de los médicos a la objeción de conciencia, sin referirse a sus límites frente al derecho de las mujeres a acceder a la práctica del aborto no punible, ni al deber del Estado de proveer ese servicio.  Además, amplió el alcance de la objeción de conciencia a las instituciones prestadoras de servicios de salud.

Por otra parte, criticó la Ley 418, de salud sexual, que autoriza el suministro de anticonceptivos a menores de edad en edad fértil, argumentando que algunos de esos métodos son abortivos.

Para la ADC, la posición de Conte afecta los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y el rol de las cortes, el sistema sanitario y el Ministerio de Salud.

Así mismo, aseguró que la consecuencia jurídica del veto de Macri a la ley es la vigencia de la Resolución 1252 del 6 de septiembre del 2012, proferida por el Ministerio de Salud, que estipula diversos requisitos para el acceso a un aborto no punible.