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ONU critica decisión de Paraguay de no permitir aborto de niña de 10 años

21 de Mayo de 2015

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Un grupo de expertos en derechos humanos de la ONU denunció este lunes al Gobierno de Paraguay por no cumplir con su responsabilidad de actuar con la debida diligencia en el caso de una niña de diez años que quedó embarazada y no se le permitió abortar,   tras ser presuntamente violada por su padrastro.

 

La ley sobre aborto en Paraguay es restrictiva y solo autoriza la interrupción del embarazo cuando la vida de la mujer o de la niña corre un grave peligro. No prevé excepciones en casos de violación, incesto o feto inviable.

 

“La decisión de las autoridades paraguayas ha resultado en graves violaciones de los derechos a la vida, a la salud y a la integridad física y mental de la niña, así como su derecho a la educación, que ponen en peligro sus oportunidades socioeconómicas”, advirtieron los expertos en un comunicado.

 

Igualmente, señalaron que, a pesar de las solicitudes de la madre de la menor y de los expertos médicos para interrumpir el embarazo, el Estado no ha tomado  medidas para proteger su vida, salud, integridad física y mental.

 

“No se hizo una evaluación interdisciplinaria e independiente en vista de asegurar el interés superior de la niña antes de descartar tratamientos para salvar su vida, incluso el aborto”, indicaron.

 

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores paraguayo, mediante un comunicado, indicó que los expertos de la ONU actúan a título personal, sin haber mediado solicitud alguna de información previa al Estado, sobre la responsabilidad del Gobierno de Paraguay en el caso de la menor”.

 

Al respecto, la entidad recordó que las autoridades del país al conocer el hecho  dieron intervención inmediata a los organismos competentes. En ese sentido, señaló  que la menor embarazada se encuentra bajo estricto cuidado médico y con apoyo psicológico en el Hospital Materno Infantil ‘Reina Sofía’ de la Cruz Roja Paraguaya.

 

“El Estado es consciente de la delicada situación de la menor, teniendo en cuenta su edad, que implica riesgos mayores, por lo que se han extremado los cuidados especiales mediante la conformación de una junta médica multidisciplinaria”, indicó.

 

El órgano de gobierno señaló además que, en lo que respecta a la investigación del delito, el Ministerio Público dispuso  la detención y apresamiento del padrastro, sospechoso de cometer el abuso, y quien actualmente se halla a disposición de la justicia.

 

También,  precisó que el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, las principales autoridades del país y organizaciones de la sociedad civil trabajan actualmente en implementar medidas urgentes para prevenir cualquier forma de abuso contra menores y mejorar el sistema nacional de protección de la niñez y la adolescencia.

 

Por último, la cancillería paraguaya invitó a los mecanismos y procedimientos especiales de protección de derechos humanos del sistema de las Naciones Unidas a conocer "in situ el caso y las medidas implementadas por el Estado".

 

En tanto, desde el lunes se han realizado manifestaciones en Paraguay en contra de la decisión del Estado por su eventual inoperancia para la protección de la infancia y para exigir penas más elevadas para los violadores.

 

Precisamente, la ONG, Amnistía Internacional,  mostró su  preocupación por la posición de las autoridades paraguayas.

 

Según explicó la representante de la ONG  en Paraguay, María José Garcete, hace diez  días que se convocó a una junta médica para evaluar el caso de la menor, que habría emitido un diagnóstico  y cuyo contenido no se ha dado a conocer.

 

“Es incomprensible que las autoridades sigan ignorando sus obligaciones internacionales y sin querer ver la urgencia de la situación permitiendo que una niña de solo 10 años tenga que enfrentarse a más sufrimiento después de haber sido abusada sexualmente. Amnistía reitera su llamado a las autoridades a que actúen de inmediato para resguardar todos los derechos de la niña ya que su futuro está en sus manos”, señaló la organización.

 

Amnistía Internacional El País  y ACI Prensa

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