Gobiernos de Las Américas deben despenalizar el consumo personal de drogas: HRW

Las políticas nacionales sobre control de drogas que prevén sanciones penales para el consumo personal atentan contra derechos humanos fundamentales. Así lo señaló la organización Human Rights Watch (HRW), que recomendó aplicar políticas de salud pública que no tengan carácter punitivo.

La entidad exhortó a los gobiernos a considerar alternativas distintas a las que se emplean actualmente en la lucha contra la producción y el tráfico, que, a su juicio, han provocado más daños que beneficios.

“Uno de estos pasos debería ser reformar las prácticas de las fuerzas de seguridad relativas a la aplicación de la ley y evaluar alternativas de reglamentación legal que reduzcan el poder que ejercen actualmente violentas organizaciones delictivas”, agregó la organización.

En ese sentido, precisó que aplicar sanciones penales por el consumo o la tenencia de drogas para uso personal implica cercenar la autonomía y el derecho a la privacidad, reconocidos tanto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

“Las restricciones a la autonomía y la privacidad no son justificables, a menos que reúnan los siguientes criterios que se exigen para la limitación de derechos fundamentales: finalidad legítima, proporcionalidad, necesidad y no discriminación”, agregó.

Según HRW, si bien proteger la salud es un objetivo gubernamental legítimo, criminalizar el consumo de drogas para evitar que las personas se provoquen un daño no cumple con los criterios de necesidad ni proporcionalidad.

Además, señaló que los gobiernos pueden recurrir a alternativas que no tengan carácter penal, para reducir el perjuicio sufrido por quienes consumen drogas, como ofrecerles tratamiento en casos de abuso de sustancias nocivas y brindarles asistencia social.

No obstante, aclaró que los gobiernos tienen el derecho y la obligación de imponer sanciones a consumidores, cuando estos ponen en peligro a terceros.

“Cuando bajo la influencia de las drogas una persona actúa de un modo que podría causar un perjuicio a terceros, ya sea al conducir un automóvil o poner en riesgo a un menor de edad negándole cuidados necesarios, sanciones penales pueden ser perfectamente legítimas, del mismo modo como lo son cuando se consume alcohol”, señaló José Miguel Vivanco, director para Las Américas de este organismo.

Con información de The Human Rights Watch