Un proyecto de ley que hace tránsito en el Congreso boliviano propone que los proyectos que comprendan prospección y exploración minera no requieran consulta previa.

De acuerdo con la iniciativa, la Constitución solo garantiza este derecho durante la etapa de explotación de los recursos naturales. Por lo tanto, plantea que la consulta se aplique a la ejecución de nuevas operaciones de explotación minera que se realicen a partir de la promulgación de la norma.

La medida se enmarca en la nueva política gubernamental de aprovechamiento de recursos, que, según el Ejecutivo, permitirá fomentar la inversión. Además, el Gobierno ha señalado que el posible impacto medioambiental sería mínimo o fácil de controlar.

El proyecto establece que el proceso de consulta para estas comunidades no tenga una duración superior a los cuatro meses.

Las compensaciones e indemnizaciones por impactos negativos de la actividad de explotación que legalmente correspondan se destinarían únicamente al desarrollo productivo o social de las comunidades o poblaciones afectadas.

Finalmente, señala que si durante los procesos de exploración con las comunidades se producen desacuerdos entre ambas partes, la última decisión correrá por cuenta del Ministerio de Minería.

Vale la pena mencionar que el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre los derechos de las comunidades indígenas, reivindica el derecho a la consulta, pero no señala la etapa del proyecto en la que debe realizarse.

Con información de La Razón