El Consejo de Estado reiteró que los daños causados por el decreto de expropiación de un bien privado obligan al Estado a indemnizar plena y previamente al afectado, con el fin de restablecer el equilibrio roto por la privación patrimonial. En ese sentido, recordó que la reparación del perjuicio alegada en sede judicial exige la certeza de este y la existencia de un nexo causal con la decisión administrativa que ordenó la expropiación. Por otro lado, la corporación advirtió que el demandante debe probar que el avalúo oficial contiene errores, pues se presume su legalidad (M.P. Marco Antonio Velilla).