La Corte Constitucional determinó que las reformas estructurales adoptadas por el Banco Centroamericano de Integración Económica no iban en contra de los principios consagrados en la Carta Política. Por ello, la Sala Plena declaró exequible la Ley 1585 del 2012, aprobatoria de las resoluciones. En concepto de la alta corporación, las modificaciones eran necesarias para convertir esta institución en una entidad financiera multilateral. Por su parte, para la Procuraduría, el Estado colombiano asumía una posición desfavorable en el tratado (M. P. Luis Ernesto Vargas Silva).