La Corte Constitucional dio a conocer las razones del condicionamiento de la exequibilidad del Decreto 4627 del 2010, mediante el cual se modificó el presupuesto nacional para atender la declaratoria de la emergencia económica, social y ecológica, para que se entienda que las partidas transferidas al Fondo Nacional de Calamidades solo podrán ser ejecutadas en las zonas y municipios afectados por el desastre y destinadas a la primera fase de ayuda humanitaria. La sala explicó que aunque las medidas presupuestales de emergencia son necesarias para lograr los fines que dieron lugar a la declaratoria del estado de excepción, los recursos deben tener una destinación específica, que es superar el estado de precariedad y de desprotección en el que se encuentran las 443.888 familias damnificadas por la ola invernal, durante tres meses (M. P. María Victoria Calle).