La Procuraduría General de la Nación realizó una diligencia preventiva ante la Agencia Nacional de Minería, antiguo Ingeominas, para verificar el plan de descongestión en el empalme entre las dos entidades e indagar sobre el estado actual de los trámites administrativos de solicitud de legalización de propuestas de concesión minera y de las solicitudes de licencias de autorización temporal. El Ministerio Público anunció que continuará con su labor preventiva y de vigilancia, pues solo el 2,07 % de las solicitudes de legalización fueron concedidas, lo que contraría el programa del Gobierno Nacional de “estimular la legalización de miles de mineros y disminuir los problemas ambientales y sociales que puede generar esta actividad clandestina”.