La Procuraduría General de la Nación dio a conocer que en el año 2010 dijo que no es viable el pago de los recobros de medicamentos no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud (POS) y de fallos de tutela en forma automática y sin verificación, más cuando se trata de cuentas que requieren auditoría para probar su existencia. El pronunciamiento lo hizo al dar por terminada su función de seguimiento y verificación de una acción popular. El Ministerio Público señaló que el derecho a la salud debe garantizar los derechos fundamentales de la población en general, basado en los principios constitucionales y éticos, antes que la importancia dada al sector privado, a las leyes del mercado y al interés de los actores.