La Procuraduría respaldó la salida de Colombia del tratado que modificó las condiciones de participación de los Estados miembros del Banco Centroamericano de Integración Económica, al solicitarle a la Corte Constitucional declarar inexequibles las resoluciones mediante las cuales el organismo multilateral propició esta transformación (Resoluciones AG-14 del 2005, AG-13 del 2006, AG-10 del 2007 y AG-7 del 2009), contenidas en la Ley 1585 del 2012. El organismo de control alertó que, pese a que el Gobierno insiste en los beneficios que el tratado ha generado en favor de la demanda externa de los productos ofertados por empresarios nacionales, tales disposiciones indican que el instrumento está al servicio de solo cinco países fundadores, “con los aportes de todos sus socios, incluido Colombia”. La ponencia será presentada por el magistrado Luis Ernesto Vargas Silva.