La Procuraduría General le pidió a la Corte Constitucional que declare inexequible el convenio de Unidroit, referente a los bienes culturales robados o exportados ilícitamente, y su ley aprobatoria (Ley 1304 del 2009), por estimar que no cumplió con el trámite formal dentro de su proceso legislativo. A juicio del Ministerio Público, se rompió la cadena de anuncios en la Comisión Segunda del Senado de la República.