La Procuraduría General le pidió a la Corte Constitucional que se inhiba de pronunciarse sobre la demanda contra la norma que otorga competencia a las autoridades departamentales, distritales y municipales para asignar funciones administrativas, académicas o pedagógicas a los docentes directivos que se desempeñen como supervisores y directores de núcleos educativos. Según el demandante, esta asignación debía estar en cabeza del Ministerio de Educación, porque son cargos con funciones específicas (Ley 715 del 2001, art. 39). El Ministerio Público considera que la demanda no demuestra los principios constitucionales vulnerados, sino que se limita a una interpretación de la norma.