Durante el año 2010, el Estado desembolsó $ 1.1 billones por laudos, conciliaciones y sentencias condenatorias, cifra que es preocupante para las finanzas públicas, señaló el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, durante su participación en el seminario internacional de gerencia jurídica pública. Para ello, señaló que es necesario fortalecer en las entidades públicas el uso de los medios alternativos de solución de conflictos, como la conciliación, que permiten la descongestión judicial, la desjudicialización de los conflictos y la reducción de indemnizaciones patrimoniales a cargo del Estado. Ordóñez dijo además que existe la necesidad de prevenir los riesgos que se presentan por las condenas al Estado de tribunales internacionales frente a los cuales no se cuenta con una adecuada defensa litigiosa.