El procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, llamó la atención a las entidades estatales sobre la necesidad de mantener los parámetros y límites establecidos para la negociación colectiva con organizaciones sindicales de empleados públicos, en los términos del Decreto 1092 del 2012. Recordó que si bien las entidades que se nieguen a adelantar estos procesos se exponen a sanciones disciplinarias, los empleados tampoco pueden declarar la huelga, debido a la naturaleza del servicio que ofrecen al público y a la afectación del interés colectivo que generaría una parálisis en la administración estatal.