La Procuraduría General de la Nación hizo reparos al método mediante el cual se realiza el registro único de víctimas. Según el Ministerio Público, el formulario diseñado para tal fin es complejo de diligenciar, les pide a las víctimas información adicional a la fijada por el Decreto 4800 del 2011, contiene definiciones jurídicamente inexactas, tiene un enfoque orientado especialmente a las víctimas del desplazamiento y establece requisitos que la ley no ha previsto. Además, llamó la atención porque las personerías municipales no cuentan con los recursos humanos y técnicos para el registro, por lo que sugiere que se pueda hacer mediante un sitio web. Finalmente, la Procuraduría pidió que se reglamente la elección de los representantes de las organizaciones de víctimas y la instalación de la comisión de seguimiento y monitoreo a la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.