El Consejo de Estado concedió la prelación de fallo al proceso que discute la legalidad del Decreto 1844 del 2018, relacionado con la prohibición de poseer, tener, entregar, distribuir o comercializar drogas o sustancias prohibidas. Lo anterior tras encontrar que se trata de un asunto de trascendencia social, toda vez que involucra derechos constitucionales, pues el consumo de estupefacientes hace parte de la intimidad del sujeto y se relaciona con su autonomía y dignidad humana, de manera que no puede tener una limitación diferente a las afectaciones que puede producir a los demás. Por otro lado, también tuvo en cuenta la importancia jurídica del objeto de litigio, pues se debe determinar si el Ejecutivo excedió su potestad reglamentaria y, en consecuencia, violó el principio de reserva legal al modificar el Código Nacional de Policía, desconocer la regulación integral de derechos fundamentales y tipificar una conducta permitida que no es objeto de sanción (C. P. Roberto Serrato).