Se pronunció la Comisión Nacional de Disciplina Judicial sobre un recurso de apelación interpuesto por el apoderado del disciplinado contra la decisión en la que se resolvió declararlo responsable disciplinariamente. La actuación tuvo origen en la queja interpuesta por un ciudadano, quien puso de presente las eventuales irregularidades en que pudo haber incurrido el abogado por las acciones dilatorias presentadas a lo largo de la representación que como apoderado desplegó en un juicio de expropiación.

Para la Sala, quedó demostrado que el abogado investigado incurrió en maniobras dilatorias con el fin de entorpecer el curso normal del proceso de expropiación. Entonces, la conducta desplegada por el togado denunciado es indiscutiblemente antijurídica, pues afectó de manera grave los principios con los que debe cumplirse la profesión de abogado y no tiene ninguna justificación, ya que no puede ser un argumento que legitime el hecho de incurrir en estas actuaciones el argumento según el cual estaba haciendo uso de los recursos previstos en la ley.

La Comisión enfatizó que es cierto que la ley prevé unos recursos con el fin de que las partes puedan discutir las decisiones judiciales. Sin embargo, los mismos no pueden ser utilizados de manera desmedida y carentes de fundamento, con el objetivo de dilatar el curso normal de unos procesos, pues ese actuar, que fue el que se materializó en el caso objeto de estudio, no tiene ninguna justificación. Se resolvió entonces confirmar la sentencia que le impuso al disciplinado la sanción de suspensión de seis meses en el ejercicio de la profesión y multa (M. P. Magda Victoria Acosta Walteros).