La Procuraduría General de la Nación alertó al Gobierno, y en especial a las entidades responsables del diseño, la ejecución y la coordinación del programa de erradicación manual de cultivos ilícitos, sobre la situación de violación de derechos a que han sido sometidos varios erradicadores. 

El informe, elaborado por la Procuraduría Delegada Preventiva en Materia de Derechos Humanos y Asuntos Étnicos, presenta la situación general en materia de cultivos ilícitos, el marco jurídico aplicable, el presupuesto destinado a la erradicación manual forzosa y su metodología, resultados y responsables.

De acuerdo con la entidad, las autoridades deben evaluar las responsabilidades disciplinarias, penales y fiscales en que pudieran incurrir los funcionarios que, por acción u omisión, violen los derechos de los erradicadores o que no brinden medidas de asistencia, atención y reparación integral cuando haya ocurrido un daño.

Además, indicó que es necesario supervisar y sancionar los incumplimientos laborales o de seguridad social, y brindarles atención prioritaria los erradicadores que han sido víctimas de minas o artefactos explosivos improvisados.