El Consejo de Estado recordó que la prima de actualización para la fuerza pública pretendió mejorar el sueldo percibido, pero no igualarlo. Además, tuvo carácter de factor salarial y, por eso, debía tenerse en cuenta para liquidar las prestaciones sociales, indicó. De esa manera, la corporación negó la nulidad de algunas expresiones contenidas en los decretos reglamentarios de la Ley 4 de 1992, pues, a su juicio, si se suprimieran se le quitaría la connotación salarial a la prestación (C.P. Víctor Hernando Alvarado).