La Contraloría General de la República presentó un proyecto para dotar a las contralorías del país de instrumentos eficaces para cobrar los créditos fiscales y demás obligaciones a favor de la Nación, mediante la jurisdicción coactiva. Con la iniciativa se regularía la competencia territorial, para que los procesos se adelanten en el lugar donde se originan los títulos ejecutivos o en el domicilio del deudor y así se garantice el derecho de defensa. El proyecto señala que la norma busca perseguir el patrimonio de sociedades de papel, constituidas para defraudar al Estado. La propuesta estaría acorde con el nuevo Código Contencioso Administrativo, asegura la Contraloría.