En el Senado fue radicado un proyecto de ley para regular el derecho fundamental de acceso a la información pública, que establece no solo la obligación de responder las solicitudes de los ciudadanos, sino también el deber de divulgar la información sin petición previa. Frente a la denegación de la información, garantiza el ejercicio de la vía gubernativa, la acción de tutela y dispone sanciones penales y disciplinarias. Por otro lado, la propuesta derogaría el artículo 26 del nuevo Código Contencioso Administrativo, relacionado con la insistencia ante la jurisdicción contencioso administrativa para obtener información reservada.