Además de las posibles actuaciones disciplinarias y fiscales, un departamento que realiza un giro y supera los límites previstos en las leyes 617 del 2000 y 1416 del 2010, según el presupuesto aprobado para su contraloría departamental, debe, de oficio, dar trámite al ajuste de los gastos o a un programa de saneamiento fiscal y financiero. Estas dos figuras pueden ser fruto de la vigilancia y control fiscal que ejerce la Contraloría General de la República sobre las entidades territoriales que incumplen los límites del gasto, así como de la evaluación de la situación financiera que efectúa el Ministerio de Hacienda.