La Corte Constitucional anuló un tratado internacional para proteger los productos obtenidos de la vegetación, al comprobar que la presentación de la iniciativa por parte del Gobierno y el posterior visto bueno del Congreso no estuvieron acompañados de la consulta previa a las comunidades indígenas. Así las cosas, la Sala Plena declaró inexequible la Ley 1518 del 2012, mediante la cual se aprobó el Convenio internacional para la protección de obtenciones vegetales, que buscaba promover la investigación científica mediante herramientas de salvaguarda al hallazgo de nuevas especies y a la propiedad intelectual de los investigadores. La Corte no tuvo en cuenta la petición de la Procuraduría, que sugería la constitucionalidad del texto por considerar que no era necesaria la consulta previa, por tratarse de materias generales que afectan de la misma manera a toda la comunidad.