La Contraloría General de la República imputó responsabilidad fiscal por $ 3.931 millones, en forma solidaria, en contra de la exdirectora del Instituto de Desarrollo Urbano -IDU-, Liliana Pardo Gaona, y la entonces directora técnica de construcciones de esta misma entidad, Carmen Elena Lopera Fiesco, por irregularidades en la ejecución del proyecto Fase III de Transmilenio en la carrera 10 y la calle 26. Durante la administración de la exdirectora se contrataron y pagaron nuevos estudios y diseños a través de los contratos de obra números 136 y 138 del 2007, después que los diseños iniciales fueron declarados inviables por presentar riesgos de inestabilidad para las obras correspondientes al puente vehicular de la carrera 13 con calle 26; puente vehicular de la carrera 10 con calle 26, puente de la carrera 7ª con calle 26 e intercambiador de la carrera 3ª con calle 26. Un segundo motivo de imputación contra Pardo y su directora de construcciones es que los estudios y diseños iniciales de la calle 26 contaban con la aprobación y viabilidad técnica para su construcción, pero fueron objeto de actualizaciones y rediseños por deficiencias en la planeación del proyecto.