Una demanda de inconstitucionalidad ataca el parágrafo 2º del artículo 84 de la Ley 1474 del 2011, que impartió normas orientadas a prevenir cualquier acto de corrupción. La disposición acusada establece una inhabilidad para el interventor que no entregue información a la entidad contratante relacionada con el incumplimiento del contrato y con hechos que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles o que puedan poner en riesgo la efectividad del contrato. A juicio del demandante, la disposición acusada lesiona el derecho al debido proceso, pues no establece un procedimiento claro para sancionar al auditor ni tampoco la posibilidad de que este ejerza su derecho a la defensa (demandante: Juan José Gómez Urueña).