Los equipos, vehículos y elementos decomisados por la comisión de infracciones ambientales que serán destinados a la atención de la emergencia invernal solo pueden ser aquellos sobre los cuales pesa una medida preventiva y los costos que genera el uso de tales bienes deben ser asumidos exclusivamente por quien los usa. Así lo señaló la Procuraduría General de la Nación al pedirle a la Corte Constitucional que condicione la exequibilidad del Decreto 4673 del 2010, expedido al amparo de la emergencia económica, social y ecológica.