Procuraduría presenta informe sobre legalización de las drogas

En un informe dado a conocer recientemente, la Procuraduría General de la Nación plantea siete “mitos” sobre la legalización de las drogas que, en su opinión, deben derribarse.

Según el Ministerio Público, es necesario exigirle a la comunidad internacional la adopción de una política para desmantelar las estructuras del narcotráfico. Además, propone “aislar a los adictos del medio delincuencial en el que viven”, internándolos en centros de tratamiento o llevándolos “fuera de las ciudades en las que pueden acceder fácilmente a las drogas”.

En el documento, la Procuraduría sostiene que los defensores de la legalización terminan, sin darse cuenta, justificando la cadena delictiva que se desarrolla alrededor del narcotráfico.

También cuestiona a las autoridades por lo que llama “permisividad en zonas tomadas por el microtráfico”, donde, según dice, la venta de droga se combina con la prostitución y la pederastia.

En opinión del ente de control, legalizar las drogas aumenta exponencialmente su consumo, no elimina su mercado ilegal ni las mafias que se lucran de él y los efectos nocivos sobre los consumidores no solo se mantienen, sino que pueden incrementarse, al aumentar la pureza de las drogas y la cantidad de alcaloide que contienen.

Los “mitos”, según la Procuraduría

• “La guerra contra las drogas ha fracasado”

• “La gente que consume drogas no hace daño a otros”

• “Despenalizar o legalizar las drogas no aumentará su consumo”

• “El tratamiento a los adictos a las drogas viola sus derechos humanos y el derecho a la autodeterminación”

• “Las cárceles están llenas de simples consumidores de drogas o pequeños distribuidores”

• “Legalizar las drogas permitiría a los Estados regular y gravar su producción”

• “La guerra contra las drogas no puede ganarse”

Consumo no hace parte de la intimidad

En concepto del pasado 13 de febrero, la Procuraduría le pidió a la Corte Constitucional declarar exequible la expresión “llevar consigo” contenida en el artículo 11 de la Ley de Seguridad Ciudadana (Ley 1453 del 2011), que modificó el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

El Ministerio Público afirmó que el aparte demandado no viola la Constitución, pues no penaliza el consumo de estupefacientes ni se refiere a la dosis del mismo, sino que castiga es el objetivo de portar esas sustancias.

En concepto del procurador general, Alejandro Ordóñez, “tipificar como delito esta acción es consecuente con la prohibición del consumo, pues estas conductas no pueden separarse”.