Los reparos a la condena por la masacre de Mapiripán

En septiembre del 2005, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) le impuso una condena de 1.250 millones de dólares al Estado colombiano, por la masacre de Mapiripán, ocurrida entre los días 15 y 20 de julio de 1997 (ver la sentencia).

Esa ha sido la condena más alta de las 11 que ha recibido el Estado en ese tribunal internacional. De manera que no es extraño que el Gobierno colombiano haya reaccionado con indignación ante la noticia de que no todas las personas reconocidas como víctimas de ese hecho lo eran en realidad, según lo denunció en días pasados la Fiscalía General de la Nación.

La exorbitante condena obedeció, en su mayoría, a las reparaciones ordenadas a los familiares de las 26 personas que, según se sostuvo, habían sido masacradas por paramilitares. Sin embargo, la Fiscalía afirmó que existen pruebas, obtenidas en versiones de los desmovilizados del proceso de Justicia y Paz, de que las víctimas de la masacre no fueron 26, sino 13.

Una acusación de este tamaño trae graves consecuencias políticas y jurídicas. En entredicho quedan, entre otras cosas, la función de judicial del máximo tribunal del continente, la credibilidad de las organizaciones no gubernamentales (ONG) que asumen la representación de las victimas ante la CorteIDH y la labor de la misma justicia colombiana, cuya incapacidad para investigar estos crímenes facilitó que, 14 años después, aún no se sepa la verdad de los hechos y se esté ante un cuestionamiento que trasciende las fronteras.

La reacción del Estado

La Fiscalía, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República tomaron la vocería en este asunto. Cada una asumirá las investigaciones penales, disciplinarias y fiscales correspondientes, para establecer si hubo irregularidades en los cobros de las reparaciones, si se cometieron delitos como fraude procesal y si hubo un inadecuado manejo de los recursos públicos destinados al pago de las condenas.

Estas entidades le pidieron al Ejecutivo intervenir ante la Corte IDH, con el fin de revisar la sentencia del 2005. Además, exigieron un pronunciamiento de ese tribunal, que, hasta la fecha, no se ha manifestado en ningún sentido.

La Contraloría fue más allá. Esta entidad comenzó a investigar las posibles omisiones de los servidores públicos y abogados contratados por el Estado colombiano para la defensa de todos los casos en los que ha sido condenado por la Corte IDH.

Por su parte, el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, llamó la atención sobre las dudas que ahora generan las millonarias condenas internacionales que se le han impuesto al Estado colombiano en el Sistema Interamericano.

Vargas contempló la posibilidad que se abra un debate nacional sobre el papel que está desempeñando la Corte IDH en el contexto colombiano.

Precisamente, en una edición anterior de ÁMBITO JURÍDICO, en el artículo Corte Interamericana de Derechos Humanos: ¿ideóloga o justiciera?, se mostraba la sensibilidad que produce el tema de las condenas contra Colombia en esa instancia y los reparos que algunos sectores tienen sobre sus pronunciamientos.

Además de las dudas sobre el fallo de la CorteIDH en el caso de Mapiripán, se cuestionó el papel del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, que asumió la representación de algunas de las víctimas y gestionó el cobró de las reparaciones ante el Estado colombiano.

El colectivo publicó un comunicado de prensa, en el que muestra su posición frente a este caso, y defiende su labor.

En manos de la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría queda la ardua tarea de investigar y responder la duda que queda en el ambiente: ¿qué pasó realmente en Mapiripán? Tarea que, por no haberse cumplido a su debido tiempo, motivó la condena impuesta por la Corte IDH que ahora se cuestiona.