Las preocupaciones de la justicia ordinaria sobre la Jurisdicción Especial para la Paz

Tras la firma del Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera entre el Gobierno y las Farc crecen las inquietudes acerca del futuro de país en todos sus ámbitos, y la justicia no ha sido la excepción.

Como se sabe, el escenario de justicia transicional acordado plantea la creación de una Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), lo que ha desencadenado varios pronunciamientos por parte de altos dignatarios de los tribunales de cierre del país y de organizaciones de trabajadores de la Rama Judicial. (Lea: La JEP: entre la cárcel y la justicia restaurativa)

Por ejemplo, el Consejo de Estado afirmó, hace algunas semanas, que instituciones como la JEP y la jurisdicción agraria reclaman una reflexión con participación de los jueces, en particular los magistrados de las altas cortes, para aprovechar la experiencia y conocimientos acumulados en los tribunales de cierre de las jurisdicciones ordinaria y contencioso administrativa.

Enfatiza el alto tribunal su inquietud sobre qué pasara con la acción de tutela y la cosa juzgada en este nuevo  escenario. (Lea: La justicia transicional en el acuerdo final de paz)

Y es que el acuerdo firmado indica que las decisiones y resoluciones adoptadas en aplicación de una futura ley de amnistía e indulto tendrán efecto de cosa juzgada material, serán inmutables y solo podrían ser revisadas por el Tribunal para la Paz.

Recursos para ambas jurisdicciones

El Consejo de Estado también pide tener en cuenta los costos de las nuevas estructuras que se necesitarán para que opere la JEP, preocupado claramente por las necesidades presupuestales de la justicia ordinaria.

Algo en lo que coincide la Corte Suprema de Justicia, a través de su presidenta Margarita Cabello Blanco, quien pidió equilibrio entre la justicia para la paz y la ordinaria. “Que nos entreguen todo lo que necesitamos y nos coloquen en la misma posición y a la misma altura, para que podamos demostrarles y decirle al país que la paz no se logra solamente entregándole todo lo que requiere a la JEP”, advirtió. (Lea: Magistrados piden equilibrio entre la jurisdicción especial de paz y la justicia ordinaria)

Pero no se trata solo de las más altas dignidades de este poder público, pues en la primera Cumbre nacional de la Rama Judicial las organizaciones gremiales y sindicales suscribieron un pronunciamiento en el que expresaron preocupación sobre los retos del posconflicto y la necesidad de un fortalecimiento que evite el colapso de la rama. Además, reclamaron al Gobierno información y capacitación sobre lo acordado y a sensibilizar sobre la justicia transicional al poder judicial.

Fiscalía mantendrá investigaciones de crímenes de la guerrilla

Néstor Humberto Martínez, fiscal general de la Nación, declaró el compromiso de la entidad con el proceso de justicia transicional. En este aspecto, ayer, fue claro en que el ente acusador entregará oportunamente a la JEP los informes que le permitan investigar y juzgar las graves conductas ocurridas con ocasión del conflicto armado.

No obstante, no dejó duda de que seguirá participando en la investigación de cualquier conducta penal “que escape a la palabra empeñada por las partes, en defensa de la integridad de los ciudadanos y de los propios colombianos reincorporados a la vida civil”.

Así, mantendrá el control de la investigación criminal de delitos que se cometan con posterioridad a la entrada en vigor del Acuerdo, los cuales “quedarán sometidos al régimen ordinario de la ley penal y serán del conocimiento exclusivo de la Fiscalía General de la Nación”.

Aclarado el panorama el próximo domingo 2 de octubre, cuando se decidirá si los colombianos aprueban o no el plebiscito para la paz, se ve necesaria una gran cumbre de los poderes públicos que garantice al país la efectiva operación de los aparatos de justicia, elemento central de la garantía de no repetición acordada en La Habana.