Según el informe Omisión e indiferencia, derechos reproductivos en México, elaborado por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), entre los años 2007 y 2012, 151 mujeres fueron sometidas  a procesos penales por abortar.

La mayoría de las procesadas salió bajo fianza o gozó de los beneficios de la suspensión condicional de la pena. Sin embargo, algunas de ellas cumplieron condenas des cuatro meses a seis años de prisión, afirma el reporte de la organización mexicana.

Tras la aprobación de reformas constitucionales que protegen la vida desde la concepción en varios Estados, entre el 2009 y el 2011, un total de 679 mujeres fueron denunciadas por tentativa de aborto.

La mayor parte de los casos corresponde a personas de escasos recursos económicos, denunciadas por el personal hospitalario, presionadas por médicos y policías a hacer confesiones y maltratadas física y verbalmente por profesionales de la salud y de las procuradurías.

Según GIRE, estos datos permiten concluir que en México, donde solo está permitida la interrupción libre del embarazo en el Distrito Federal desde el 2007, y se practican más de un millón de abortos inducidos al año en todo el territorio, existe una criminalización de las mujeres que acuden a este procedimiento.