Al concluir un proceso de vigilancia que se llevó a cabo en todas las comisarías de familia del país, la Procuraduría General de la Nación señaló  que estas entidades no están informando debidamente a las víctimas sobre el derecho que tienen a acceder gratuitamente a servicios especiales para minimizar o evitar los efectos de la violencia sexual.

Según la entidad, de 841 comisarías, 827 brindaron información sobre los servicios de atención psicosocial, 634 informaron sobre los medicamentos para prevenir el contagio de infecciones de transmisión sexual y VIH-Sida, y solo en 484 se brindó orientación sobre la interrupción voluntaria del embarazo.

La Procuraduría señaló que es necesario diseñar  protocolos que garanticen y reafirmen el derecho de las mujeres a acceder a servicios integrales de salud, desde el primer momento del abuso.

“Es necesario incluir, como parte fundamental de los lineamientos técnicos para atender la violencia basada en género, el diseño de protocolos que garanticen y reafirmen el derecho de las mujeres a la salud desde el primer momento de la atención de la violencia sexual, condición indispensable para garantizar una atención digna e integral, proteger la salud, evitar la revictimización y avanzar en la erradicación de las violencias contra las mujeres, en particular la violencia sexual”, sostuvo la entidad.