El Gobierno acaba de prorrogar, por tercera ocasión, el plazo para la culminación de las responsabilidades del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en el programa de protección de personas en riesgo extremo como consecuencia de las actividades o funciones públicas, sociales o humanitarias que realizan (sindicalistas, dirigentes o activistas de organizaciones sociales, cívicas, comunales, gremiales y campesinas y periodistas, etc.). Tales obligaciones disminuirán gradualmente, en la medida en que se cumplan las etapas del proceso de traslado de las mismas al Ministerio del Interior y de Justicia, hasta su finalización, a más tardar, el 31 de mayo del 2011, señala el Decreto 955 del pasado 30 de marzo.