La Corte Constitucional le ordenó a la Registraduría Nacional del Estado Civil que emprenda acciones para frenar la violación de derechos fundamentales de los ciudadanos por ambigüedades en su identificación personal. No solo le impuso el deber de expedir un acto administrativo dirigido a entidades financieras y de salud para que establezcan un camino ágil de solución a los afiliados con problemas de identificación, sino que le sugirió compulsar copias contra los organismos que actúen irregularmente en estos casos. Frente al caso concreto materia del pronunciamiento, la Corte Constitucional le ordenó a Registraduría ofrecer excusas públicamente a una mujer a la que se le ha negado el pago de sus mesadas desde hace dos años, debido a que en la renovación de su cédula de ciudadanía le asignaron un número distinto al que tenía 50 años atrás. El organismo cuenta con un plazo de tres meses para implementar las tareas adicionales (M. P. Jorge Iván Palacio).