El Consejo de Estado reiteró la orden de indemnizar con el pago de unos $10.000 millones a familias afectadas por fallas estructurales en viviendas de la Urbanización Parques del Sol II, en Soacha, al considerar que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca no avaló un doble resarcimiento en la acción popular que disponía efectuar los pagos. La providencia indica que la reubicación no significaba medida de reparación alguna sino preventiva, a fin de evitar la configuración de un daño mayor para las víctimas. Así las cosas, dice el Consejo de Estado, cada uno de los afectados estaba perfectamente habilitado para exigir la indemnización, pues dicha reubicación no suponía una valoración de perjuicios materiales ni morales. Finalmente, el fallo de tutela llama la atención al accionante, al precisar que el estar en desacuerdo con una decisión judicial no constituye una violación del derecho al debido proceso (C. P. María Elizabeth González).