El nuevo Estatuto de registro de instrumentos públicos inicia su tránsito legislativo en la Cámara de Representantes con ponencia positiva. La ponencia para penúltimo debate pide crear un artículo que permita la caducidad de las inscripciones de medidas cautelares. Según los ponentes, estas tendrán una vigencia de 10 años, con la posibilidad de renovarlas por cinco años más. Se argumenta que hay ocasiones en que los despachos que las ordenaron son reestructurados o suprimidos y los afectados no saben en dónde realizar la cancelación de dicha inscripción.