En decisión de primera instancia, la Procuraduría General de la Nación sancionó disciplinariamente a los registradores de instrumentos públicos de los municipios de Carmen de Bolívar (Bolívar), Corozal y Sincelejo (Sucre).

Según el Ministerio Público, se comprobaron irregularidades por el incumplimiento de las normas de registro y del procedimiento para la autorización de transferencias de dominio para predios ubicados en zonas de riesgo inminente de desplazamiento forzado por la violencia.

La investigación disciplinaria se originó en un informe elaborado por la superintendencia delegada para la protección, restitución y formalización de tierras de la Superintendencia de Notariado y Registro.

La entidad realizó un diagnóstico registral en la región de los Montes de María, en el que se reportaron violaciones al régimen de protección de la población desplazada, la normativa registral y la legislación agraria sobre predios del Fondo Nacional Agrario.

Vale la pena recordar que la Ley 1448 del 2011 (Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras) contempla indemnizaciones administrativas a las víctimas, la devolución de las tierras a las familias que las perdieron en el marco del conflicto armado interno, la reparación inmaterial, la atención sicosocial y la garantía de no repetición.