La Sección Segunda del Consejo de Estado explicó que si bien el tema de la naturaleza jurídica de los notarios no ha sido pacífico, pues la Corte Constitucional ha sostenido que son particulares que en desarrollo de la descentralización por colaboración desempeñan funciones públicas, la interpretación acogida por la jurisdicción contencioso administrativa es diferente. Así, esta última considera que son servidores públicos, en atención a que en el desarrollo de su actividad se advierten elementos coincidentes con la naturaleza del empleado público vinculado mediante una relación legal y reglamentaria, cuentan con un sistema de carrera que permite el acceso al ejercicio del cargo mediante nombramiento y posesión, están sujetos a un régimen de inhabilidades e incompatibilidades y cumplen la función de dar fe pública (C. P. Rafael Francisco Suárez).