Norma sobre saneamiento de predios ocupados ilegalmente fue demandada ante la Corte Constitucional

El alto tribunal admitió una demanda en contra del artículo 8 de la Ley 2044 del 2020, la cual dicta normas para el saneamiento de predios ocupados por asentamientos ilegales. Concretamente, fue demandado el aparte “o habiéndolas hecho hasta la fecha no hayan podido adquirirlos”, referente a la obtención de la propiedad por parte de las entidades territoriales por motivos de utilidad pública e interés social. Para la demandante, la expresión viola el artículo 136 de la Constitución en la medida que a través dicho aparte el Congreso se estaría inmiscuyendo “en asuntos privativos de los jueces, tribunales y cortes” debido a que en los casos “en que el propietario legítimo acude a las vías judiciales y obtiene sentencia judicial, ordinaria, administrativa o de tutela que ordena o dispone la devolución, restitución o entrega del predio en que se encuentra el asentamiento humano ilegal, aún en esos eventos, el ente territorial podr[ía] obtener la propiedad de los predios objeto de decisión judicial”. La demandante también considera que se desconoce el artículo 228 de la Carta por cuanto el Legislativo “a través del segmento acusado, desconoce la decisión judicial que protege la propiedad privada, para autorizar a los entes territoriales a pasar por encima de [dicha decisión, lo que derriba] la autonomía e independencia de las autoridades judiciales, de cualquier orden”. Por último, la norma al parecer contraría el artículo 243 de la Constitución debido a que la habilitación que general la norma implica para la accionante una “destrucción” de la cosa juzgada constitucional (Demandante: Sorayda Janneth Riaño Burgos).