No toda irregularidad en el proceso disciplinario genera necesariamente la nulidad de los actos que imponen la sanción al funcionario, advirtió la Sección Segunda del Consejo de Estado. En su opinión, únicamente las irregularidades sustanciales que violen derechos fundamentales como el de defensa y el debido proceso implican tal nulidad. De otro lado, la corporación afirmó que si las pruebas recaudadas en un proceso de esa clase son insuficientes para establecer la responsabilidad del investigado, debe aplicarse el principio in dubio pro funcionario a favor de este (C. P. Víctor Hernando Alvarado).