La Corte Constitucional negó las pretensiones de sanción por desacato alegadas por la Asociación Cooperativa de Recicladores de Bogotá contra el director de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), tras el supuesto incumplimiento de órdenes para incluir a la población de recicladores en el esquema formal de recolección de recursos sólidos en la capital. La Sala Tercera de Revisión señaló que la información entregada por la Procuraduría, frente al cumplimiento de las órdenes impartidas por parte del alto tribunal, no indican que la entidad haya desatendido lo dispuesto en la sentencia T-724 del 2003, que advierte el estado de cosas inconstitucional frente a la participación de los recicladores no formales en el modelo. En el mismo sentido, dice la Corte, tampoco se evidencian incumplimientos frente al Auto 275 del 2011, en el cual dejó sin efectos la licitación para la recolección de recursos sólidos. En su labor al seguimiento de estas determinaciones, la Corte le había indicado al procurador Alejandro Ordóñez que en la actualidad no tenía competencia para pronunciarse respecto al nuevo esquema adoptado por la administración (M. P. Luis Guillermo Guerrero).