El Consejo de Estado negó una nueva demanda que se interpuso contra la investidura del senador Gustavo Petro. El accionante consideraba que el legislador había incurrido en una violación al régimen de inhabilidades, por haber sido elegido en un cargo de elección popular a pesar de que, producto de su actuación dolosa o gravemente culposa como servidor público, había dado lugar a una sentencia de reparación patrimonial contra el Estado. El alto tribunal concluyó que si bien es cierto que existen tres sanciones de tipo fiscal en las que Petro fue condenado por decisiones relacionadas con la contratación de maquinaria para la puesta en funcionamiento de un nuevo modelo de recolección de basuras en Bogotá, estas no daban lugar a la pérdida de investidura, en tanto no correspondían a sentencias judiciales. Encuentre el desarrollo de esta tesis en el documento adjunto a esta nota.