A través del Decreto 1698 del 2019, el Ejecutivo amplió las facultades de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje) para incluir entre sus competencias la etapa de arreglo directo y permitirle adelantar acciones dirigidas a la garantía de los derechos de la Nación y del Estado, en aras de salvaguardar la protección efectiva del patrimonio público. Así mismo, precisó que la Andje será la encargada de tramitar y pagar las indemnizaciones cuando, en virtud del criterio subsidiario, el comité de ministros así lo disponga, en los casos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que cuenten con informe de que tratan los artículos 49, 50 o 51 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por otra parte, con el Decreto 1696 del 2019, atendiendo el objetivo, misión y funciones de la agencia, en aras de promover un marco jurídico que le permita a esa entidad adelantar las acciones tendientes a salvaguardar los derechos de la Nación y del Estado en las controversias internacionales de inversión, el Gobierno consideró necesario derogar el Capítulo 2, Título 3, Parte 2, Libro 2 del Decreto 1074 del 2015, único reglamentario del sector Comercio.