Teniendo en cuenta las implicaciones de la emergencia sanitaria y el aislamiento preventivo sobre la prestación de servicios educativos, y para garantizar que el proceso de gestión de cobertura educativa, reglado en la Resolución 7797 del 2015, no sufra traumatismos que conlleven al menoscabo del acceso al servicio público de la educación, el Gobierno modificó transitoriamente el cronograma de dicho proceso, contenido en el artículo 32, otorgando a las entidades territoriales certificadas plazos más amplios que permitan flexibilizar los cronogramas y cumplir con las actividades requeridas de manera oportuna. Las entidades que modifiquen sus actos administrativos de gestión deberán cargar el documento en el sistema de información de matrícula (Simat).