Al concluir que en un escenario de conflicto como el colombiano la administración debe tomar todas las medidas necesarias para disminuir el riesgo al que se enfrentan los agentes de la fuerza pública, el Consejo de Estado condenó a la Nación al pago de más de $ 1.700 millones por la muerte de un policía en un ataque de las Farc, en Dolores (Tolima). “Las misiones de seguridad asignadas a los miembros de las fuerzas armadas deben estar orientadas hacia la preservación de los derechos, no al sacrificio absoluto”, dice la Sala, indicando que lo contrario sería suprimir la esencia del ser humano. Señaló, así mismo, que actuar omisivamente en esta materia produciría el desconocimiento del artículo 6º de la Observación General 6 del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que obliga a los Estados a evitar las guerras, actos de genocidio y otra actuaciones violentas que generen pérdidas de vidas en forma indiscriminada. En cumplimiento del artículo 16 de la Ley 446 de 1998, la Sala pide investigar penal y disciplinariamente los hechos y solicita a la ONU que analice estos acontecimientos en sus informes sobre la situación de derechos humanos en Colombia, entre otras medidas de reparación integral (C. P. Jaime Orlando Santofimio).