En cumplimiento del Decreto-Ley 1760 del 2003, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) acaba de establecer los parámetros que deberán tener en cuenta las compañías petroleras para realizar programas en beneficio de las comunidades ubicadas en las áreas de influencia de contratos de exploración y producción de hidrocarburos, como parte de su política de responsabilidad social, y con el fin de fomentar el desarrollo sostenible en esas regiones. Tales programas deberán enmarcarse bajo criterios de transparencia y respeto por los derechos humanos y por los derechos de las minorías étnicas reconocidas en las leyes y los tratados internacionales, señala uno de los apartes del Acuerdo 5 del 2011.