El Consejo de Estado declaró legal la sanción de más de $ 2.600 millones que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) le impuso a las empresas Constructora M. P.  S. A. y M. L. Ingenieros S. A., por haber incurrido en un acuerdo colusorio para participar en la licitación derivada del convenio celebrado entre el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade) y el Instituto Nacional de Vías (Invías) para pavimentar y adelantar mantenimiento sobre el tramo vial Fuente de Oro – San José del Guaviare. Vale decir que la investigación por prácticas restrictivas de la libre competencia que dio lugar a la decisión objeto de la controversia jurídica se inició luego de que el Grupo de Evaluación y Contratación de Fonade emitiera un oficio en el que diera cuenta de las coincidencias en las propuestas presentadas por estas dos firmas (C. P. Roberto Serrato).