Los magistrados Stella Conto y Danilo Rojas salvaron el voto ante la decisión de la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado de unificar jurisprudencia frente a un daño antijurídico causado a un número indeterminado de personas por un atentado ocurrido en Medellín (Antioquia) en 1995. Para los juristas, esta actuación es inconstitucional, porque, a su juicio, el plenario no podía desconocer las decisiones de sus subsecciones, mucho menos cuando una de ellas ya había unificado jurisprudencia frente al tema, declarando la responsabilidad de la administración por falla en el servicio. El salvamento indica que ni siquiera el hecho de que otra subsección hubiera advertido la imposibilidad de imputabilidad al Estado la autorizaba para emitir un juicio de las dimensiones descritas. Los magistrados recordaron que el artículo 90 de la Constitución obliga a analizar las pruebas allegadas a cada caso concreto, lo que demuestra una vez más que no resulta viable la generalización de un único título, atendiendo en abstracto las causas del daño (C. P. Enrique Gil).