Los magistrados María Victoria Calle y Alexei Julio salvaron voto ante la declaratoria de exequibilidad del Tratado de compromiso con la democracia firmado por los estados miembro de la Unasur (Ley 1571 del 2012), por considerar que afecta principios de no intervención, soberanía e integridad territorial. Para los altos juristas, la ausencia de declaraciones interpretativas que delimiten la facultad de los consejos regionales surgidos en el marco de este protocolo frente al eventual cierre de fronteras o suspensión en el flujo de mercancías o de ciudadanos entre los países que integran el tratado amenaza severamente los mencionados principios constitucionales. La mayoría de la Sala Plena, sin embargo, consideró que el acuerdo se ajustaba a la Constitución, al concluir que no afectaba pilar alguno del texto superior, debido a que su propósito era el de restablecer la democracia ante acciones de facto que afectaran el orden institucional en alguna de las naciones firmantes (M. P. Luis Ernesto Vargas Silva).