El Consejo de Estado señaló, en una sentencia dada a conocer recientemente, que los grupos indígenas gozan de especial protección por parte del Estado, dado su grado de debilidad manifiesta y los ultrajes, persecuciones, discriminaciones y desplazamientos de los que han sido víctimas durante largos años. Por esa razón, reconoció el pago de perjuicios morales a una comunidad indígena del Tolima por la muerte de su líder, causada por disparos propinados por un miembro de la Policía. En ese sentido, se ordenaron medidas de justicia restaurativa, como la presentación de excusas públicas y la publicación del contenido del fallo en un lugar visible de la estación de policía involucrada, toda vez que los hechos violaron derechos humanos. En el fallo, la corporación explicó que los agentes del Estado deben hacer uso de sus armas de dotación oficial teniendo en cuenta la contingencia o lo inminente del peligro (C.P. Gladys Agudelo Ordóñez).